Ciudadanos del distrito más afectado por Fenómeno El Niño Costero aún no tienen vivienda permanente

Cuatro años después de la inundación de Piura. A pesar de que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ha firmado desde hace más de dos años y viene prometiendo desde hace cuatro un compromiso para la ejecución de un proyecto de habilitación urbana en los albergues de damnificados del km 980 de la Panamericana Norte, sus residentes aún no cuentan ni siquiera con los recursos básicos para vivir. Estos ciudadanos fueron reubicados allí desde su natal Cura Mori.

Foto: Luana Baca.

Hace más de cuatro años el Fenómeno El Niño Costero arrasó con gran parte del norte peruano dejando daños que, hasta hoy, no han podido repararse. De hecho, según el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), solo en Piura región, dicho fenómeno dejó 20 fallecidos, 50 heridos y más de 22 mil viviendas destruidas. Gran parte de aquellas viviendas corresponden a Cura Mori, uno de los distritos más afectados a nivel nacional. Y, peor aún, debido al desborde del río Piura del 27 de marzo del 2017, miles de ciudadanos curamorinos tuvieron que abandonar sus hogares e instalarse en albergues de damnificados que debieron ser temporales.

“El en ese entonces gobernador regional [de Piura], Reynaldo Hilbck, cuando ya se decía que el río se salía, se comunicó a través de los medios de radio y televisión y manifestó que nosotros, como Cura Mori, fueramos saliendo a las zonas más altas del distrito. Al día siguiente de la inundación vinieron las fuerzas armadas y nos trasladaron a este lugar que es el km 980, pues el ingeniero Hilbck tenía conocimiento de estas tierras”,

contaba Carlos Paz Valencia, ex-Secretario General de los Representantes de los Albergues del Km 980, explicando cómo es que la mayor parte de curamorinos fueron trasladados allí, a estos terrenos que para ellos tienen mucho valor y significado.

Hoy, más de cuatro años después del desplazamiento de estos ciudadanos y pese a haber ya firmado un compromiso con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) para la construcción de sus viviendas definitivas y habilitación urbana desde el 2019, los ocho pueblos que conforman los albergues del km 980 de la carretera Panamericana entre Piura y Chiclayo, aún no tienen luz, agua, desagüe, alcantarillado, ni un centro de salud y mucho menos un avance significativo en la construcción de sus viviendas permanentes. Entonces, ¿a qué se debe esta demora?

Cuadro: Elaboración propia.

Tierras comunales

Hay varios factores que dan respuesta a esta incógnita, pero el primero es, sin duda, el tema de la propiedad de las tierras comunales. Históricamente, los terrenos del Km 980 pertenecieron a la Comunidad Campesina San Juan Bautista de Catacaos, quienes, en el año 1998, a causa del Fenómeno El Niño de aquel año, donaron estos terrenos como zonas de evacuación a los comuneros de Cura Mori. Posteriormente, en el año 2002 formalizaron dicha entrega junto con la Municipalidad de dicho distrito. En palabras de Felix Yovera, coordinador digital de la mesa de lucha contra la pobreza de Cura Mori: “estas [tierras] son de nuestros ancestros (...), luego viene lo del 2017 y las personas que no tenían donde quedarse se ubicaron en estas zonas”.

Sin embargo, como indica el teniente gobernador de Nuevo Santa Rosa, Santos Cielo “cuando nosotros llegamos [en tiempos anteriores al 2017] nos encontramos con que los terrenos ya no pertenecían a nosotros, sino que lo habían tomado dirigentes de la comunidad campesina y los habían vendido a unos empresarios de la uva (Agrícola Santa Regina SAC) y de esta empresa Keheda (constructora)”.

Es por ello que iniciaron constantes luchas entre las empresas y los comuneros, nunca pudiendo llegar a un acuerdo, hasta el año 2017. En aquel año, como cuenta Carlos Paz, debido a la situación de albergados en la que se encontraban, recibieron apoyo del Estado y protección de la policía durante los primeros meses siguientes a la inundación, por lo que las empresas no pudieron desalojarlos.

No obstante, muchas familias que se habían refugiado en estas tierras, decidieron volver a Cura Mori. Esto porque, de acuerdo con el señor Cielo, no existían condiciones mínimas para continuar viviendo ahí. Por ello, antes de quedarse en un lugar así, preferían arriesgarse a regresar a sus viviendas que aún tenían riesgo de volver a inundarse y seguían inhabitables.

A pesar de ello, las familias que sí se quedaron pidieron apoyo al Estado para instalarse permanentemente en aquellos territorios. En primera instancia, el Estado les dio una respuesta negativa ya que se trataba de propiedad privada y debían primero solucionar ese problema. Por ello, los dirigentes de Nuevo Santa Rosa emprendieron una lucha sin contar con el apoyo de nadie contra las empresas. Así, para diciembre de 2017, logran firmar un compromiso de donación con la agrícola Santa Regina.

Compromiso de donación de Santa Regina a Nuevo Santa Rosa.

En dicho compromiso, Santa Regina le dona 13 hectáreas de tierra a Nuevo Santa Rosa; y, además, se compromete a realizar la perforación de un pozo de agua valorizado en 50 mil dólares.

Es así como los problemas con Santa Regina terminaron, pero las luchas con la constructora Keheda seguían vigentes. Es necesario resaltar que Keheda era propietaria de la mayor parte del territorio, por lo que ya no concernía solo a Nuevo Santa Rosa, sino a todos los siete pueblos.

Según un acta firmada el 28 de noviembre de 2017 por el MVCS, la empresa Keheda, la Municipalidad de Cura Mori y dirigentes de los albergues del km 980, todas estas partes se comprometían a trabajar juntas para la realización de la habilitación urbana de los ocho pueblos del Km 980. E incluso, en septiembre de 2018, mediante la Ordenanza Nº 245-00-CMPP de la Municipalidad Provincial de Piura, se ordenaba aprobar el Planeamiento Integral-PI Cura Mori Sur Sector 01.

Acta del 27 de noviembre sobre el proyecto habitacional.

No obstante, a inicios de marzo de 2019, Jorge Arévalo, viceministro del MVCS informaba públicamente que la construcción del conjunto habitacional del km 980 ya no procedería porque estaban en propiedad privada. Al respecto, Jenny Chiroque Ramos, secretaria de la mujer en Nuevo Santa Rosa, comentaba “vivíamos de ilusiones”, pues a pesar de todo el trabajo hecho a lo largo de los años, seguían sin avanzar.

Las polémicas de reubicación, línea de alta tensión y los terrenos remanentes

Afortunadamente, pocos días después se solucionó dicha situación y el 29 de marzo se firmó el convenio Nº 101-2019-Vivienda en el que se acordaba tomar todas las medidas necesarias para el óptimo desarrollo del proyecto. De acuerdo con Carlos Paz, a partir de ello se establecieron varios criterios a seguir: “El Estado nos decía, nosotros no podemos invertir en viviendas en propiedad privada, pero pagando un sol se entendía como si nosotros estuviéramos comprando el terreno a la empresa, por lo que ahí sí podrían proceder”. A ello se le sumaba el cumplir ciertos requisitos más como estar en situación de extrema pobreza, entre otros.

Además, los señores Yovera, Paz y Cielo coinciden en contarnos que a cambio de ceder las tierras, la empresa Keheda sería la encargada de ejecutar el proyecto. Keheda quedó en transferir a todos los albergues del Km 980 un total de 180 hectáreas, pero para el proyecto de habilitación urbana solo se usarían 80. Las 100 hectáreas restantes serían lo que se conocería como remanente, tierras que se usarían para posterior crecimiento de los pueblos.

En el 2017, en una de las tantas conversaciones que los dirigentes de los pueblos tuvieron con la empresa Keheda, ésta les entregó un plano en el que afirmaban cuál sería la ubicación y organización oficial de lo que en un futuro sería el pueblo, según cuenta el señor Cielo. A causa de esto, los pobladores tuvieron que mover todas sus pertenencias e iniciar nuevamente la construcción de sus viviendas temporales (hechas de materiales rústicos). Pero, como ya se les había asegurado que esa sería su ubicación oficial, algunos de los residentes decidieron invertir en sus hogares momentáneamente. Incluso, el Estado invirtió también en estas viviendas mediante la construcción de viveros, corrales y cocinas mejoradas.

Las cocinas, corrales y víveros construídos por el Estado. Fotos: Luana Baca.

A inicios del 2021, según expone el teniente gobernador Cielo, los residentes de los albergues se enteraron de que la empresa Keheda había suscrito un plano en Registros Públicos muy diferente a lo que ya habían acordado. Y, a partir de ese plano es que se comenzó a desarrollar el proyecto. Dicho plano representó varios problemas para los residentes.

Plano actual para el desarrollo del proyecto. Puede observarse como casi todo está lotizado. Foto: Luana Baca.

El primero de ellos es la distancia entre las viviendas y la línea de alta tensión. Los residentes habían pedido siempre ser ubicados a 50 metros de esta línea, cuestión que en este plano fue reducida a solamente 12,5 metros por lado. Por esta misma razón, todos los lotes habían sido totalmente desplazados y reubicados. Además, la posición de parques, locales comunales, iglesias y/o cualquier otro tipo de centro de esparcimiento habían sido eliminados o alterados significativamente. Y, por último, ya no les era reconocido el terreno remanente. De hecho, en el plano se ve a esa porción de tierra marcada como “Propiedad de corporación Keheda S.A.C”.

Desacuerdos entre la empresa y los residentes, entre los mismos residentes y la falta de presencia del MVCS

Estos aspectos desencadenaron la incomodidad y descontento de los residentes. Primero que nada con Keheda, pues han desconocido los terrenos remanentes diciendo que fueron un “error de apreciación” según lo exponen en una carta. Tampoco han entregado algún documento en donde certifiquen la donación de las tierras. Además, según expone el señor Cielo, la relación con la empresa ha sido difícil desde el inicio, pues no tenían una comunicación directa con los dirigentes y no los escuchaban para nada.

Por otro lado, Keheda niega que existan construcciones de material noble en los refugios por lo que no debería haber problemas para lo que ellos llaman el “reordenamiento”; sin embargo, esto es falso. Existen tanto construcciones realizadas por el Estado en años anteriores, como construcciones realizadas gracias a préstamos de los mismos residentes.

Inversiones y construcciones de material noble que son negadas por la empresa Keheda. Fotos: Luana Baca.

Con el nuevo plano estas construcciones se perderían, por lo que muchas familias se niegan a reubicarse. Y, según explica Carlos Paz: “si los pobladores no se ordenan, no se pueden entregar los terrenos y podemos quedarnos sin proyecto”. Por miedo a ello algunas familias decidieron ceder, pero muchas otras no están dispuestos a hacerlo aún. El teniente gobernador explica: “No es capricho del poblador quedarnos aquí, aquí se nos designó, se nos movió y exigió ubicarnos aquí con plena seguridad (...) tenemos inversiones aquí”. Inversiones con dinero que nadie les reconocerá. Esto ha ocasionado que haya un sentimiento de enfrentamiento entre ambos sectores de la población.

¿Y qué opina de todo esto el MVCS? Según exponen los dirigentes, han tenido contacto mínimo con ellos y no ha habido supervisión alguna de los módulos que ya se han ido construyendo. Y, en la última visita presencial que les hicieron en junio, mostraron entendimiento pero no les dieron soluciones concretas. Por nuestro lado, intentamos contactarnos en repetidas oportunidades con ellos para saber su versión de los hechos, pero no obtuvimos respuesta.

Y, mientras la situación continúe así, pasará más tiempo y los ciudadanos curamorinos seguirán viviendo sin las condiciones básicas en medio de una pandemia.

“Nosotros sí queremos el proyecto, lo necesitamos. Pero queremos que nos respeten y vean la realidad de cómo vivimos” Manifestó Jenny Chiroque.

No hay electricidad, por lo que los niños para recibir su educación deben ir a los lugares que tienen estas fuentes de energía para cargar sus celulares y estudiar (puntos de energía escasos y donados por la Municipalidad de Cura Mori) Foto: Luana Baca.